El Consorcio de Residuos de la Región de Murcia, en su reciente Junta de Gobierno celebrada el 16 de enero de 2025, ha aprobado por unanimidad el presupuesto y canon para 2025 que se ha visto incrementado principalmente por la licitación de una instalación en el municipio de San Javier para la gestión y tratamiento de residuos orgánicos de origen doméstico. Esto marca un hito significativo en la implantación del futuro quinto contenedor, identificado como contenedor marrón, destinado a la recogida separada de estos residuos con la finalidad de darle una segunda vida como fertilizantes.
El presupuesto aprobado por unanimidad para este año 2025 es de 33.952.671,85 euros y un Canon de 88,53 €/Ton para la gestión de los residuos de Fracción Resto más 8 €/Ton para la aportación de fondos propios para la construcción de la Planta de proximidad para el tratamiento de biorresiduos de San Javier.
La construcción de esta nueva infraestructura supone una inversión total de 4.145.452,09€. De esta cuantía, 2.462.539€ son fondos europeos, captados por el Gobierno de la Región de Murcia, y el resto, 1.682.913,09€, son aportados por el Ejecutivo autonómico (71%) y por los ayuntamientos integrantes del Consorcio de Residuos de la Región de Murcia (28%).
Estos municipios son: Abanilla; Abarán; Albudeite; Alguazas; Archena; Beniel; Blanca; Bullas; Calasparra; Caravaca; Cehegín; Ceutí; Cieza; Fortuna; Fuente Álamo; Jumilla; La Unión; Lorquí; Los Alcázares; Mazarrón; Molina de Segura; Moratalla; Ojós; Ricote; San Pedro; Torre Pacheco; Las Torres de Cotillas; Ulea, Villanueva del Río Segura y Yecla. La contribución de cada municipio al proyecto reafirma el compromiso municipal con la sostenibilidad y la transición hacia una economía circular.
La construcción de esta infraestructura es un paso esencial para avanzar hacia una gestión más eficiente y sostenible de los residuos municipales. Su puesta en marcha facilitará la recogida separada de más de 19.000 toneladas anuales de residuos urbanos mediante el contenedor marrón y beneficiará a 155.000 habitantes de distintos municipios. Otro de sus beneficios es la disminución de los residuos enviados a vertederos, reduciendo el impacto ambiental y los costes asociados.
Además, esta infraestructura busca sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de la separación en origen y fomentar prácticas responsables para garantizar un sistema de gestión eficiente y adaptado a las necesidades del entorno.
Compromiso con el medio ambiente y la sostenibilidad
El Consorcio de Residuos de la Región de Murcia reafirma su compromiso con la protección del medio ambiente y la sostenibilidad, colaborando estrechamente con los ayuntamientos para implementar las infraestructuras necesarias para una transición ecológica exitosa.
Con la construcción de esta planta, el Consorcio da un paso firme hacia un modelo de gestión de residuos innovador y comprometido con las necesidades del presente y las generaciones futuras.
Esta instalación se alinea con las directrices de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que establece a las entidades locales la necesidad de implementar sistemas de recogida y tratamiento diferenciados de residuos biodegradables, así como sistemas de pago o tasas específicas, diferenciada y no deficitaria por generación que dé respuesta a un tratamiento sostenible de los residuos.
Actualmente se está lejos del cumplimiento de la Directiva Europea de Gestión de Residuos y la propia normativa nacional, que fija como máximo que el 10% del residuo acabe en vertedero en 2035.
Esta iniciativa forma parte de un esfuerzo más amplio respaldado por políticas europeas, que promueven la transición hacia sistemas de gestión de residuos sostenibles. La normativa comunitaria ha introducido nuevos tributos, como el impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos (30 euros por tonelada) y una tasa adicional por emisiones de gases de efecto invernadero aplicable a vertederos.
Las Entidades Locales deberán adaptar los contratos de prestación de servicios de recogida y tratamiento de residuos de competencia local, al objeto de dar cumplimiento a las nuevas obligaciones establecidas en las citadas leyes en los plazos fijados.
La adaptación de los citados contratos conllevará un importante incremento de la tasa de gestión de residuos, la cual recaerá íntegramente en el ciudadano bajo la premisa del principio de quien contamina paga, que establece que los costes relativos a la gestión de los residuos, incluidos los costes correspondientes a la infraestructura necesaria y a su funcionamiento, así como los costes relativos a los impactos medioambientales, tendrán que ser sufragados por el productor de los residuos.
La creación de una red de infraestructuras adecuada para convertir el residuo en un recurso obligará a que todos hagamos un esfuerzo para alcanzar los objetivos de una sociedad más sostenible.